Comunicado de prensa 12 de marzo de 2024 – Reforma a la Salud

Como Senadora de la República de Colombia, por el Partido Alianza Social Independiente (ASI), declarada en independencia, he decidido apartarme de la Reforma a la Salud del Gobierno nacional que hace trámite en la Comisión Séptima. Después de haber hecho una profunda reflexión, y haber estudiado y discutido el Proyecto de Ley 216 de 2023 Senado, 339 de 2023 Cámara, he tomado la decisión de acompañar una proposición de archivo.

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2024. Durante varias semanas, tanto en la Comisión Séptima del Senado de la República, como en otros escenarios, entre ellos reuniones privadas –con gremios y agremiaciones–, Audiencias Públicas y Mesas Técnicas, pude percibir la expectativa que tiene la ciudadanía en cuanto a la reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que necesita el país, por lo que la decisión que tomemos debe estar alejada de la polarización y el partidismo.

En ese sentido, he resumido mi análisis en diez (10) objeciones que, a lo largo de la discusión con el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y la ADRES, no fueron resueltas a profundidad, sino con el interés de hacer pasar la Reforma a como diera lugar, sin mayor discusión: 1) No está claro cómo será la financiación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), ni su priorización –en los municipios más alejados–, sino que solamente se plantea como la puerta de entrada a las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS).

2) El Proyecto de Ley 339 de 2023, aprobado por la plenaria de la Cámara, no es una reforma estructural del Sistema de Salud, sino que sólo buscar eliminar una de las barreras que se ha identificado como obstáculo: la intermediación de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS),
quienes actúan como engranaje entre el Sistema y el Estado. El Giro Directo, con un anticipo arbitrario del 85% –siendo el interés de algunos funcionarios que sea del 100%–, desangraría el Sistema si no se dota de una auditoría rigurosa.

3) La transición de las EPS a Gestoras se cree que resolvería un tema grueso: quién recauda, quién administra y quién gira los billones de pesos del Sistema de Salud, dotando de unas abultadas facultades a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que se convertirá en una súper-entidad, con pocos controles, más que ser vigilada por la Superintendencia de Salud (Supersalud). La reforma no puede girar en torno a quién maneja la plata.

4) La transición de las EPS se circunscribe a un condicionamiento: paz y salvo de todos los pasivos, dándoles dos (2) años para que se conviertan en Gestoras, sin tener resuelta la pregunta que se plantea en todos los escenarios: las deudas. La ADRES no tendrá la preparación suficiente para auditar en los tres (3) años que se plantea como alistamiento.

5) El Ministerio de Salud y la ADRES dicen estar a paz y salvo, mientras que las EPS –a través de ACEMI y Gestarsalud– manifiestan que les adeudan. A ello se suma el Auto 2881 del 20 de noviembre de 2023, proferido por la Corte Constitucional, en el que se ordena al Ministerio de
Salud cumplir con el pago de los presupuestos máximos y desembolsar los recursos del Acuerdo de Punto Final pendientes –en mora desde agosto de 2022–.

6) Según cálculos de la ADRES, el Sistema de Salud afronta un desfinanciamiento, por lo que los $91,4 billones de presupuesto, aprobado para la vigencia 2024, no son suficientes. Incluso, como lo reconoció el director de la ADRES en una de las Mesas Técnicas, convocada por la Comisión Séptima, los primeros seis (6) años, de ser aprobada la Reforma a la Salud, habrá un déficit importante en relación con el Producto Interno Bruto (PIB).

7) Ha sido una interlocución sorda con el Ministerio de Hacienda, que se ha negado a dar el Aval Fiscal de la Reforma, o por lo menos un Concepto Técnico de Factibilidad, como el entregado a la plenaria de la Cámara, donde queda claro que el escenario del financiamiento del Sistema de Salud no está asegurado.

8) No está claro, por más que se busque hacer un arreglo de términos, al cambiar “acuerdo de voluntades” por “acuerdo marco” para la contratación de los actores de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS), lo que demuestra que habrá fragmentación y
descoordinación.

9) El texto de la Reforma a la Salud debe ser reescrito, en términos concretos, especificando las funciones de las Gestoras, definiendo cómo sería la auditoría y concertando con las EPS qué funciones de los CAPS pueden asumir para que puedan aportar su experiencia en cuanto a la referencia y la contrarreferencia.

10) No se elimina de tajo la tercerización laboral del Talento Humano en Salud, a través de contratos sindicales, sino que se deja en tres (3) años la vinculación del personal, cuando ya no esté este gobierno.
En ese sentido, después de haber hecho un estudio riguroso del Proyecto de Ley 216 de 2023 Senado – 339 de 2023 Cámara, he tomado la decisión de sumarme a la proposición de archivo de la Reforma a la Salud, previendo que, de ser aprobada dicha Reforma, con el actual texto, podría ahondarse la crisis y
colapsar el sistema.
El Ministerio de Salud, la ADRES y la Supersalud, tienen las herramientas jurídicas para administrar y auditar, además de poner en práctica el giro directo a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
Necesitamos hacer la mejor Reforma a la Salud, por lo que debe concertarse con los expertos y las EPS, quienes han hecho públicos sus reparos, cómo mejorar el texto. Vendría bien conformar una Comisión Intersectorial de Reforma la Salud, para redactar un Proyecto de Ley de reforma estructural que obedezca a las necesidades del Sistema y se adecúe al presupuesto actual, máxime cuando lo que se busca regular es un derecho fundamental conexo con la vida. Estamos a tiempo.

BERENICE BEDOYA PÉREZ
Senadora de la República – Partido AS